martes, 26 de febrero de 2013

EL MUNDO DEL CARBÓN

CCOO exige al Gobierno que abone, sin más
dilación, las ayudas de 2012 al funcionamiento de
todas las empresas mineras
El sindicato reclama al Ministerio de Industria que, de una vez por todas, garantice que
las eléctricas compran carbón nacional para evitar más sangrías de empleo
La Federación de Industria de CCOO exige al Ministerio de Industria que articule
urgentemente los mecanismos necesarios para que las ayudas del año 2012 lleguen a
todas las empresas, ya que el retraso en su aprobación hace peligrar su viabilidad.
Para este sindicato la situación es especialmente dramática porque algunas
compañías trasladan la falta de fondos a los trabajadores y trabajadoras a través de
expedientes de regulación de empleo, impago de nóminas y despidos colectivos.
La Federación de Industria de CCOO no comparte el acuerdo del Consejo de Ministros del 22
de febrero por el que se retuvieron las ayudas a algunas empresas. Considera que hubo
tiempo suficiente (las ayudas son del año 2012) para detectar irregularidades y dar las
instrucciones necesarias para su subsanación.
CCOO insta al Ministerio de Industria a que, una vez publicado el real decreto de restricciones
por garantía de suministro, lo ponga en marcha de inmediato y a que garantice que las
empresas eléctricas recepcionan cuanto antes el carbón. Si las ayudas de 2012 no se abonan,
y si no se puede facturar el carbón que se extrae de las explotaciones mineras, quebrará
inmediatamente todo el sector.
Pese a los engañosos mensajes del Gobierno sobre su supuesto apoyo a la minería del
carbón, la realidad es muy distinta. El Ministerio de Industria obstaculiza y ralentiza la
aplicación de todas las normas por las que se rige el sector, dejando a las empresas, y a sus
trabajadores y trabajadoras, en la indefensión más absoluta.
La Federación de Industria de CCOO denuncia que si no se ponen en marcha urgentemente
las ayudas a la producción para la totalidad del sector, y si el Gobierno no garantiza que las
eléctricas cumplan con lo dispuesto en el real decreto de restricciones por garantía de
suministro, el cierre de las empresas será inminente, lo que provocará una gran convulsión social en las comarcas mineras.

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