La reforma eléctrica del Gobierno agravará los problemas del sector

La reforma eléctrica, que ha sido anunciada desde hace meses como la solución a la situación
actual de elevado déficit tarifario, inseguridad jurídica y crecimiento constante de los precios de
tarifa, no solucionará los problemas estructurales del actual sistema eléctrico, sino que los
agravará. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Federación de Industria de CCOO después
de un minucioso análisis de la reforma aprobada por el Gobierno el pasado mes de julio.
Ninguna de las medidas puesta en marcha por el Gobierno solucionará el exceso de capacidad de
generación que existe actualmente y no modifica el mercado actual, auténtica causa del déficit de
tarifa. En este sentido, la ausencia de un operador público que actúe sobre el mercado sin estar
sujeto a los vaivenes de la especulación y de las presiones políticas.
La reforma es tan solo una serie de medidas coyunturales cuyo único objetivo es detener el
crecimiento del déficit de tarifa anual (4.500 millones de euros), haciendo pagar dicha deuda a los
consumidores (a través de incrementos de tarifa en octubre y enero), a los contribuyentes
(transfiriendo de 900 a 1.200 millones de euros de costes a los Presupuestos Generales del
Estado) y a las empresas, lo que repercutirá en la calidad del servicio, la seguridad y el empleo.
La Federación de Industria de CCOO considera imprescindible una reforma eléctrica que abarate la
electricidad, dé certidumbre y estabilidad al sector y genere empleo en condiciones de emergencia
social, y estos requisitos no los cumple la reforma actual. El déficit no se ha generado porque los
costes reales resulten superiores a lo que pagan los consumidores, como el Gobierno pretende
hacer creer, sino por culpa de un mecanismo de asignación de precios del mercado eléctrico
concebido ideológicamente por el Gobierno del PP de José María Aznar cuando inició el proceso de
liberalización y privatización del sector eléctrico. Esta operación ha provocado que, ahora, el Estado
español y las empresas se encuentren en una situación mucho peor que otros países que han mantenido empresas públicas gestionando un bien social como es la energía, y que los precios en nuestro país sean de los más altos de la Unión Europea.