Sentencia Izar SEPI

CCOO exige a la SEPI que cumpla la sentencia y abone cuanto antes las retribuciones que
adeuda a los prejubilados de IZAR.

Han pasado tres meses desde que el Tribunal Supremo dio la razón al sindicato y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales todavía no ha saldado su deuda.

El Tribunal Supremo reconoció en marzo el derecho de los prejubilados de IZAR a que se
revaloricen sus retribuciones en función del coste de la vida, tal y como la empresa lo
acordó con los sindicatos en el proceso de reconversión que se abordó en 2004. La
Justicia dio la razón a CCOO y admitió que el Gobierno se equivocó al congelar las
pensiones de quienes habían trabajado en las empresas de la SEPI. Dado que todavía no
se ha abonado la cantidad que se les adeuda, el sindicato exige que se cumpla la sentencia y se realice el pago con prontitud y exactitud.

desestimaba el recurso de casación que había interpuesto Izar Construcciones Navales y la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) contra la sentencia que dictó la
Audiencia Nacional en noviembre de 2013, CCOO de Industria exige que se cumpla en su
integridad y que se reúna la Comisión de Seguimiento SEPI-Sindicatos y la Comisión de
Liquidación de IZAR. Paralelamente, los servicios jurídicos de este sindicato han mantenido
contactos con la Abogacía del Estado para acelerar el proceso. CCOO, que se encuentra a la
espera de recibir una respuesta, espera que se garantice el abono de los acuerdos con
prontitud y exactitud. De no ser así, encabezará las acciones que haya que emprender en el
futuro para garantizar que la SEPI salde su deuda.
A decenas de miles de prejubilados de empresas públicas que abandonaron la actividad laboral
en procesos de reconversión después de que los sindicatos firmasen acuerdos con la SEPI, y a
los que se les garantizó que sus pensiones se actualizarían cada año en función del IPC, se les
congelaron las retribuciones hace dos años. En abril de 2013, y sin previo aviso, vieron cómo
sus ingresos se recortaron a los niveles de un año antes, al no aplicarse la subida
correspondiente a la inflación, en cumplimiento de la Ley 17/2012 que congelaba las
retribuciones de funcionarios y trabajadores públicos.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dio la razón a CCOO en noviembre de 2013. La
Justicia aseguró que no era posible extender el decreto de estabilidad presupuestaria a los
trabajadores pasivos del grupo público. Hace unos meses la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo desestimó el recurso de casación que interpusieron IZAR y la SEPI y reconoció el
derecho de los trabajadores de la constructora naval a que se incrementasen sus retribuciones
desde febrero de 2012 en un 3,2% (2,9% del IPC de 2012 y el 0,3 de la inflación de un año después).