Reforma Eléctrica

Declaración. CCOO. Marzo de 2014
PRIMERO.

La reforma eléctrica es uno de los ejemplos más claros de los desatinos que ha cometido y se empecina en mantener el Gobierno. En España hay 1,7 millones de contratos que reciben la electricidad a baja tensión con una potencia contratada superior a los 10 kw (mayoritariamente pequeña industria y sector servicios) a los que hay que añadir casi 110.000 contratos de alta tensión (fundamentalmente sector industrial y grandes servicios) y la reforma eléctrica ha conseguido impactar negativamente en todos ellos:
 El coste de la electricidad sobre las empresas, que requieren altos consumos para su producción (siderúrgicas, fundiciones, empresas químicas, etc.) afecta a las condiciones de vida, de trabajo y a los niveles de empleo subyacentes. Como ejemplos, el sector siderúrgico que da empleo a 60.000 personas y factura 13.000 millones de euros o el de papel y cartón que emplea a 38.000 personas y factura 6.500 millones de euros, padecen directamente esta mala gestión. El precio de la electricidad, que supone el 30% de sus costes y que supera en un 20% al francés y en un 30% al alemán, ha provocado varios cierres de empresas en España y que otras se estén planteando llevar las producciones fuera del país afectando no solo a los empleos directos sino a los indirectos que dependen de estos sectores.
 El sector de las energías renovables (eólica, solar, biomasa, etc.) ha perdido cerca de 25.000 empleos ya y tras las últimas leyes presentadas podemos estar ante un nuevo ajuste en las áreas de mantenimiento y gestión, siendo este sector una apuesta de futuro estratégica.
 La cogeneración y la valoración de residuos (tratamiento de purines, entre otros) se ve abocada a la paralización de actividades, solo en los últimos 12 meses 1800MW de instalaciones catalogadas como cogeneración han parado debido a la aplicación de los impuestos a la producción de electricidad e hidrocarburos.
 Los agricultores y ganaderos se han movilizado contra el “tarifazo” que incrementa el coste del regadío en un 400%
 Las grandes empresas generadoras y distribuidoras de electricidad han paralizado inversiones, cerrado plantas de carbón y gas y amenazan con la reducción de condiciones de trabajo y desde luego con la desaparición de actividades subcontratadas con sus efectos sobre el empleo y los salarios, sin que en ninguno de esos casos se hayan establecido estrategias y políticas que posibiliten la recolocación de dichos trabajadores en otros subsectores.
 Las subcontratas de las Centrales Nucleares mantienen una política de eliminación de empleo y de derechos que eleva la inseguridad de estas plantas.
SEGUNDO.
La necesidad de reformar en profundidad y con una perspectiva de futuro el actual sistema eléctrico español ha sido una reivindicación histórica de los trabajadores. El desarrollo y la profundización de la crisis económica como consecuencia de las políticas de austeridad dirigidas exclusivamente a la salvación de la banca y del negocio financiero ha puesto de manifiesto además su urgencia porque:
 Existe un exceso de capacidad de generación. Hay mas potencia instalada de la que se emplea.
 El funcionamiento del mercado eléctrico, concebido ideológicamente, es ineficiente y
ha generado precios de la electricidad extremadamente elevados cuyas consecuencias
son perversas para la sociedad española:
o Las empresas y los consumidores pagan unos precios que se sitúan entre los
más altos de la Unión Europea lastrando la competitividad de la industria y
reduciendo la disponibilidad de compra de las familias.
o Se dificulta el avance hacia un nuevo modelo productivo más sostenible social,
económica y ambientalmente.
o Se ha extendido la incertidumbre en el desarrollo del sector con graves
consecuencias sobre el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores y
trabajadoras.
o Los precios de la electricidad aumentan la desigualdad social. En el estado
español ya hay 1,2 millones de hogares en situación de pobreza energética
(dificultades para usar la calefacción o el agua caliente o la iluminación
doméstica).
 La ausencia de un operador público que actúe sobre el mercado sin estar sujeto a los
vaivenes de la especulación financiera y de la búsqueda desaforada de beneficios
facilita un exagerado poder de los principales grupos reforzado por su estrecha relación
con las élites políticas.
TERCERO.
La reforma del sector eléctrico del gobierno del PP tanto por sus objetivos (fundamentalmente
reducir el “déficit de tarifa” a cualquier precio) como por su desarrollo (asegurar la
“remuneración” del capital en un entorno del 6,5%-7,5% trasladando el peso del ajuste sobre los
ciudadanos y sobre los trabajadores) agrava aun mas la crítica situación de las empresas y
amenaza con nuevas perdidas de empleo y de salario.
Hoy, con los resultados conocidos puede afirmarse que ha demostrado ya su fracaso:
 El déficit se ha situado en 3.595 millones de euros en el año 2013 y el total acumulado
es de más de 30.000 millones).
 El rechazo social y el malestar ha llegado a la cancelación de la subasta CESUR en
diciembre por el desmesurado incremento del precio resultante.
 Se han generado continuas tensiones con todos los sectores empresariales y financieros
(desde las denuncias de los Fondos de inversión en renovables ante los tribunales
internacionales, hasta el conflicto permanente con las empresas del sector pasando por
la crítica situación en la que embarcan a las empresas de uso intensivo de la energía
como siderurgias, químicas,..) .
 Se vive una situación caótica que se agrava con cada nueva iniciativa o improvisación
del Ministerio de Industria.
CUARTO.
El problema real es el funcionamiento de un mercado eléctrico diseñado para optimizar los beneficios de los agentes económicos y de los intermediarios financieros y no para atender una necesidad básica como es el acceso a la energía. La defensa de la industria exige que:
Los sindicatos, las organizaciones patronales, las fuerzas políticas y otras organizaciones sociales interesadas, fuercen al gobierno a iniciar un camino diferente a la malograda y parcial reforma eléctrica y a buscar un gran Pacto de Estado en política energética que de seguridad jurídica, abarate el coste de la energía y sirva para salir de la crisis y no para descargar esta sobre los ciudadanos, los trabajadores y trabajadoras y sobre las empresas.