CCOO advierte de que si no se modifica la
subasta del incentivo eléctrico se puede generar
un desastre industrial
El sistema de subastas que ha ideado Red Eléctrica de España (REE), y que
simula una lonja de frutas o de pescado, ha demostrado su ineficiencia. Aunque
el Gobierno la considera un éxito, pone en riesgo a los grandes consumidores de
energía, al recortar los ingresos de algunas plantas a la mitad y dejar fuera a más
de una veintena de instalaciones. Si no se le pone remedio, los cierres y la deslocalización están servidos.

CCOO de Industria advierte de que la subasta con la que el Gobierno ha desarrollado la Orden
IET/346/2014, de 7 de marzo, por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, puede generar un desastre industrial.
Para el Ministerio de Industria, que la operación haya permitido contratar los 2.000 MW
necesarios para este servicio, por un coste de 352 millones, es decir, casi 200 millones menos
de lo planificado, es un gran éxito, aunque suponga la pérdida de competitividad de
importantísimas empresas, el riesgo de cierre y la deslocalización, con la consiguiente pérdida
de puestos de trabajo, la desindustrialización del Estado español y el incumplimiento del
compromiso europeo de alcanzar el 20% del PIB con la aportación de la industria.
El sistema de subastas ideado por REE fijó el precio de salida para el producto de 5 MW en
260.000 euros y el de 90 MW en 350.000 euros, lo que supuso recortes en la prestación de
entre un 30 y un 50% para algunas plantas. Dejó fuera a 26 instalaciones, entre ellas las plantas
de la gran industria del aluminio de Aloca en Coruña y Avilés.
Estos descensos en un servicio que es esencial para la garantía del suministro eléctrico y para
apoyar la competitividad de las empresas con gran consumo energético, pueden suponer entre
15,5 y 17,8 euros / MW de incremento en el coste, según un estudio de la consultora KPMG.
CCOO de Industria, que al conocer el proyecto del Gobierno mostró su preocupación por el
impacto negativo que tendría en la industria, considera necesario modificar el sistema para
garantizar la competitividad de las instalaciones y empresas afectadas. Reclama que se realicen
los ajustes necesarios para que se celebre una subasta de repesca que de entrada a las 26
plantas que se quedaron fuera y distribuya los 200 millones pendientes de asignación, lo que
evitaría situaciones traumáticas en el funcionamiento de las plantas. Máxime, cuando 19
bloques fueron adquiridos por entidades no industriales, lo que abre la puerta a la especulación,
como ha sucedido con los derechos de emisión de CO2.
CCOO movilizará todos los recursos necesarios para defender la industria y el empleo frente a
un Gobierno al que solo le importan los ajustes, los recortes y la reducción del déficit.