La Federación de Industria de CCOO y Metal, Construcción y Afines de UGT, (MCAUGT)
exigen al presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy, que asuma su
responsabilidad en la defensa del sector naval y se ponga al frente de las negociaciones
para conseguir que las ayudas que recibió el sector sean declaradas conformes y
ajustadas al principio de confianza legítima y seguridad jurídica, lo que significaría que
nuestro país no tendría que devolver las desgravaciones fiscales producto del antiguo tax
lease que se aplicaba al sector naval. Además, reclaman al presidente Rajoy que ejerza
las gestiones necesarias para conseguir un trato similar al que recibió Francia en la
resolución de las ayudas recibidas por los astilleros franceses, a la vista de las
conclusiones de la reunió mantenida por una delegación de máximo nivel en la que han
participado los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio
Fernández Toxo, con el Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia.
En una reunión mantenida esta tarde por Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo con
el secretario federal de MCA-UGT, José Luis Gacio, y con el secretario de Estrategias
Industriales de la Federación de Industria de CCOO, Máximo Blanco, ambos sindicatos
han acordado exigir, ante la gravedad de la situación, que el Presidente del Gobierno de
España, Mariano Rajoy, se ponga al frente de estas justas reivindicaciones, poniendo en
conocimiento de Durâo Barroso, como Presidente y máximo responsable de los Servicios
Jurídicos de la Comisión Europea, del Comisario Joaquín Almunia y del Colegio de
Comisarios que reconsideren la propuesta inicialmente avanzada y favorezcan un
dictamen que permita la continuidad de la Construcción Naval en España. Las
Federaciones exigen a Mariano Rajoy que se reúna con el presidente de la Comisión
Europea, Durâo Barroso, antes del 17 de julio, fecha en la que el comisario de la
competencia, Joaquín Almunia, dará a conocer al Colegio de Comisarios la propuesta de
resolución del tax lease español, para que realice las gestiones oportunas para evitar la
debacle del sector naval en nuestro país.
Además, el conjunto del Gobierno debe desplegar todos los instrumentos jurídicos y
diplomáticos ante la Comisión Europea en la defensa de los intereses del sector naval y
agotar todas las posibilidades hasta el día 17 de este mes.
En este sentido ambas federaciones reclaman al Colegio de Comisarios que compartan
con el sector naval que el principio de confianza legítima y seguridad jurídica con los que
operó el sector naval español debe prevalecer, y en su reunión convocada para el
próximo 17 de julio, el dictamen que aprueben satisfaga nuestros legítimos intereses.
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