La Sección Sindical de CCOO en Coto Minero Cantábrico califica de “ chantajista e intimidatoria” la actitud de la dirección de la empresa. Por otra parte se reclama la realización de una auditoria por parte de la Fiscalía que arroje luz sobre la situación económica actual .
Finalizado el conflicto minero del año 2012, la empresa
Coto Minero Cantábrico se ha
marcado el objetivo de modificar
las condiciones laborales de sus trabajadores.
La desproporción en las medidas planteadas por la parte empresarial ha imposibilitado que la representación de los
trabajadores hayamos podido llegar a ningún acuerdo, a pesar de dar suficientes muestras de
nuestra voluntad de negociar y consolidar unas bases que garanticen la
viabilidad de la entidad así como el empleo.
Dada esta situación, Coto Minero Cantábrico procedió al chantaje e intimidación,
dando inició a un expediente de
extinción de contratos que afectaba a
con el despido de 179 trabajadores de la explotación minera de interior
en Cerredo; dicho expediente fue recurrido judicialmente por el comité de
empresa y el TSJ de Asturias falló en sentencia reconociendo la nulidad de los
despidos.
Contrariada con los resultados, la empresa solicita
voluntariamente entrar en concurso de
acreedores, aduciendo razones económicas y aportando balances alejados de la
realidad. Dentro del proceso concursal, la parte social hemos mantenido fructíferas negociaciones con los
administradores concursales, valorando el acuerdo con los mismos de manera provechosa y positiva para establecer la
viabilidad de Coto Minero Cantábrico.
El día 5 de septiembre la
asamblea de trabajadores deja claro ante las organizaciones sindicales el total
rechazo a la última propuesta presentada
por la empresa y la decisión de la
asamblea de no someter a votación la misma.
Desde CCOO entendemos que la solicitud de liquidación de Coto
Minero Cantábrico ante el Juzgado Mercantil Nº5 de Madrid es un desatino desde el punto de vista
empresarial, se encuentra fuera de contexto y
más parece la rabieta de la
dirección de la compañía que una actitud diligente de defensa de la misma.
Creemos necesaria una nueva gestión, donde impere la sensatez, se busque la viabilidad de la sociedad y conduzca a la
estabilidad en el empleo.
Factor fundamental para un desenlace positivo de la situación
sería, en línea con la exigencia de esta organización sindical, la realización
de una auditoría por la Fiscalía a Coto Minero Cantábrico entre el periodo
2006-2012 para poder valorar objetivamente la realidad de la situación
económica actual y la proporcionalidad de las medidas hacia los trabajadores.
De no ser así, continuaremos con el oscurantismo en los datos y
cifras, mostrando escenarios que no se corresponden con la realidad dado que
ocultan detalles y muestran solo aquello que interesa a la parte empresarial
para la consecución de sus propósitos bárbaros y demoledores. Tras subsistir
hasta nuestros días gracias a los esfuerzos y sacrificios de los trabajadores y
al apoyo social, este grupo empresarial,
toma un rumbo desquiciado, con
decisiones delirantes que si no se reconducen incapacita para la gestión de
cualquier negocio a los responsables de tamaña locura. Es necesaria la
implicación de las diferentes administraciones públicas para buscar la
supervivencia de las fuentes de empleo y actividad en las localidades donde
radica la empresa, y así lo exigimos, para que, de no retornar a la normalidad
y buscar soluciones aceptables, válidas y creíbles, se ponga en marcha la
maquinaria estatal con el imperio de sus competencias, retirando de inmediato
las concesiones de titularidad pública,
no olvidemos que aun siendo empresa privada trabaja con recursos
públicos como lo son los minerales que se encuentran en el subsuelo y
superficie de montes y terrenos, y se
pongan en manos de quien garantice el aprovechamiento de tales reservas. De no
dar este paso, el Estado, por medio de sus Gobiernos Autonómicos y Estatal aun
tienen en su mano la gestión directa como garantía de los acuerdos estatales
para la minería actuales y futuros, conscientes de que nos encontramos ante una
situación de emergencia local, regional y estatal.
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