Prejubilados SEPI

La movilización está servida si Hacienda no autoriza el pago de la deuda a los prejubilados, advierten CCOO y UGT

Los dos sindicatos exigen que se ponga fin a este despropósito y se cumpla la sentencia del Supremo
La irresponsabilidad del Gobierno parece no tener límite. A MCA-UGT y a CCOO de Industria no les ha dejado otra opción que iniciar un proceso de movilizaciones si antes del 9 de octubre no se cumple la sentencia del Tribunal Supremo y se abona a los prejubilados de Izar, Babcock, Altos Hornos de Vizcaya, IMENOSA y MALLASA las retribuciones que dejaron de percibir en abril de 2013, cuando el Gobierno congeló sus pensiones. Además, si no reciben las cantidades que se les adeudan, los dos sindicatos darán comienzo un proceso de interposición de demandas individuales que colapsará los juzgados de lo social de las zonas afectadas.

Ya han pasado seis meses desde que el Tribunal Supremo reconoció el derecho de los
prejubilados y prejubiladas de Izar a que a que se revalorizasen sus retribuciones en función del
coste de la vida, tal y como la empresa lo acordó con los sindicatos en el proceso de
reconversión que se abordó en 2004. En marzo la Justicia dio la razón a CCOO y a UGT y
admitió que el Gobierno se equivocó al congelar las pensiones de quienes habían trabajado en las empresas de la SEPI. Los trabajadores y las trabajadoras de Babcock, Altos Hornos de
Vizcaya, IMENOSA y MALLASA también están afectados por este proceso, por medio de un
proceso de conciliación, y esperan a que se les devuelva lo que es suyo.

Son miles de prejubilados de empresas públicas los que abandonaron la actividad laboral en
procesos de reconversión después de que los sindicatos firmasen acuerdos con la SEPI, y a los
que se les garantizó que sus pensiones se actualizarían cada año en función del IPC.
Lamentablemente, y tras una interpretación interesada de la Ley 17/2012, por parte del
Ministerio de Hacienda, se les congelaron sus retribuciones en abril de 2013.
Aunque los dos sindicatos han dado suficientes muestras de su firme voluntad de que este
proceso se desarrolle de forma ordenada, ahora no les queda otra salida que dar paso a la
movilización. A las protestas previstas, se unirá la interposición de demandas individuales.
Dado el volumen de personas afectadas, se colapsarán los juzgados de lo social y supondrá un
alto coste económico y de recursos a la Administración, además del descrédito de quienes han
provocado esta situación. Por eso, CCOO de Industria y MCA-UGT exigen a la autoridad
competente que ponga orden y sentido común y revierta este despropósito y atropello contra los prejubilados y prejubiladas de las empresas públicas.